LA REVOLUCION DEL GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO (II)


  • Velasco puso fin al oprobio de una empresa que se había instalado clandestinamente en el país, sin tener denuncio ni concesión y sin pagar impuestos
  • Nacionalización de La Brea y Pariñas, primer golpe antiimperialista
  • El gobierno revolucionario de las FFAA enmendó una falsa recuperación que había hecho el gobierno depuesto de FBT.

Ver también: SERIE “LA REVOLUCION DEL GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO” (I) 

VÍCTOR ALVARADO

Víctor AlvaradoLIMA. El flamante Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, seis días después de haber depuesto al presidente Fernando Belaunde Terry, decretó el 09 de octubre de 1968, la nacionalización del yacimiento petrolífero de La Brea y Pariñas, localizado en Talara, que había estado regentado, sin pagar tributos, por más de 50 años por la empresa International Petroleum Company, subsidiaria de la corporación norteamericana Standard OilCompany.

Para perennizar la trascendencia de esta fecha, en adelante pasó a denominarse el Día de la Dignidad Nacional.

La recuperación de la Brea y Pariñas había sido  hasta antes de esta decisión, una bandera reivindicativa que había calado hondamente en la conciencia política de los peruanos, y generado el exitoso insurgimiento de un movimiento nacionalista liderado por el Frente de Liberación Nacional- FLN, fundado en enero de 1962, por el general EP César Pando Egúsquiza, el sacerdote Salomón Bolo y el celebrado periodista Luis Felipe Ángell “Sofocleto”.

Juan Velasco Alvarado


El FLN

Bajo las banderas del FLN hicieron filas destacados políticos peruanos, entre los que sobresalía por su probada honestidad, vocación nacionalista e innegable valía intelectual y profesional: Alfonso Benavides Correa, Ezequiel Ramírez Novoa, Alberto Ruiz Eldredge, Germán Tito Gutiérrez, los hermanos Augusto y Sebastián Salazar Bondy y el periodista Guillermo Sheen Lazo.

Imposible dejar de mencionar a Alfonso Montesinos, brillante abogado y senador de la República entre 1956 y 1962, por Acción Popular, de quién se recuerda sus formidables intervenciones  en defensa de la recuperación de La Brea y Pariñas, en los debate con los defensores de la IPC, entre ellos Mario Polar y Manuel Seoane. Más tarde, en el gobierno de Velasco, integraría la comisión de justicia para reorganizar el Poder Judicial

Los fuegos del FLN estuvieron dirigidos contra una empresa que se había instalado hacía 50 años en el país, poco menos que clandestinamente, sin tener denuncio ni concesión minera, y lo que es más grave, sin pagar tributos. Los militares patriotas, entre ellos los futuros coroneles revolucionarios, como Jorge Fernández Maldonado, Enrique Gallegos Venero y Leonidas Rodrógiez Figueroa, entre otros,que irrumpirían con Velasco a la cabeza, no dudaron en hacer suya esa demanda nacional.

Juan Velasco Alvarado

Día de la Dignidad

El 09 de octubre de 1968, el propio Velasco, en cadena radial y televisiva nacional, en horas del mediodía, anunció al país que en ese mismo momento, el jefe de la Primera Región Militar con sede en Piura, general EP Fermín Málaga Prado, al frente de una columna militar estaba haciendo su ingreso a la Refinería de Talara, para ocupar plenamente el yacimiento petrolero de La Brea y Pariñas, con sus instalaciones y reintegrarlo a la soberanía nacional.

Málaga, en efecto, procedente de Piura, al frente de un extenso convoy militar de vehículos blindados cargados de comandos, recorrió los 120 kilómetros que le separaban de Talara, para ejecutar el decreto ley 17064, promulgado por el gobierno militar, y cumplir en el fondo una promesa política incumplida por el depuesto presidente Belaunde, que lo había preconizado como su principal bandera electoral.

Eran épocas en que las promesas políticas, si no eran cumplidas, generalmente desembocaban en pronunciamientos militares, cuando los gobernantes hacían lo contrario de lo que prometían.

Podían haber avalado el entreguismo de Belaunde, pero los militares insurgentes eran distintos, no eran complacientes con el gobierno de turno,  y más aún tenían un programa propio, después se conocería que se trataba del Plan Inka, con el cual se dispusieron a construir una nueva sociedad no capitalista y no comunista.

El propio Velasco en su mensaje precisó al país que por decreto ley 17064, promulgado en la víspera, habían quedado nulos los contratos y el Acta de Talara, celebrados el 13 de agosto de 1968 por el gobierno de Belaunde con la empresa norteamericana, por los cuáles el Estado solo recuperaba, usando una metáfora, el cascarón pero no la yema ni la clara del huevo.

Antecedentes

Belaunde al asumir su primer gobierno el 28 de julio de 1963, se había comprometido  a resolver el tema de La Brea y Pariñas en 90 días, pero lo enfrentaría en el último año de su gobierno, concretamente el 13 de agosto de 1968, luego de dos meses de haber iniciado tratos con la IPC, al suscribir con los representantes de la empresa, el Acta de Talara, por el cual todos los campos de Talara retornaban al Estado peruano.

Para redondear la imagen de que había cumplido con recuperar La Breña y Pariñas, las fuerzas políticas del Congreso, las cámaras de Senadores, presidida por Carlos Manuel Cox (Apra) y Diputados, por Andrés Townsend Ezcurra (Apra(, promulgaron las leyes de respaldo respectivas.

La maniobra del gobierno de Belaunde fue desenmascarada por el revista OIGA, dirigida por el valiente periodista Francisco Igartua, quién debeló los entretelones del Acta de Talara suscrita por FBT, con las evidencias de que, “la IPC había impuesto sus condiciones”.

Decía Igartua que a causa de ese acuerdo, la  Empresa Petrolera Fiscal-EPF (que Velasco lo rebautizaría por Petroperú), quedaba relegado a un papel decorativo sin tener ningún control de la refinería y del sistema de comercialización nacional del combustible, que producían las verdaderas ganancias, las que seguirían en poder de la empresa usurpadora.

Recuperación verdadera

Según el Acta de Talara, la IPC  seguía reteniendo la refinería de Talara, el sistema nacional de distribución del combustible, a través de su cadena de grifos y servicentros y también seguiría procesando todo el petróleo de los campos que pasaban a poder de la EPF, así como de otras empresas que operaban en el país, como la Belco, entre otras. La EPF se quedaba pues sin ningún protagonismo petrolero.

La celebración de la supuesta victoria política obtenida por el gobierno, con el aval del apro-odriísmo, tuvo un inesperado aguafiestas. El 10 de setiembre de 1968, a menos de un mes de la firma del Acta de Talara, el ex presidente de la EPF, Carlos Loret de Mola, que había renunciado por el entreguismo del acuerdo petrolero, denunció al país que el nuevo contrato petrolero, suscrito al amparo del Acta de Talara, le faltaba la página 11, referida supuestamente a los nuevos tributos que debería pagar en adelante la IPC.

El incidente se convirtió en el agua que rebalsó el vaso de la paciencia de los militares revolucionarios y fue determinante del golpe del 03 de octubre de 1968 y de la medida revolucionaria del 09 de octubre subsiguiente de recuperar plenamente los yacimientos de La Brea y Pariñas.

No había pasado ni un mes de la firma de la fraudulenta Acta de Talara, en que el general Fermín Málaga, ese 09 de octubre, en ejecución de la Ley 16674, tomó posición de la Refinería de Talara y de todos los campos petroleros, mediante la firma de un acta de toma de posesión, rubricada por el juez de lra. Nominación de Talara, Fernando Seminario Talledo y el contralmirante AP Esteban Zimic, quién asumía la gerencia de operaciones de la refinería, en representación de la EPF.

El ex gerente norteamericano del complejo, James Wibble, fue notificado por Málaga de su cese en el cargo, y este como era de esperarse, se negó a firmar el acta.

Control total

La fuerza militar comandada por Málaga tomó el control de las instalaciones, plantas, sistema de transporte, campamentos, tanques de almacenamiento, la refinería, demás instalaciones y la superficie del fundo La Brea y Pariñas, en el que se ubicaban los campos petroleros.

La toma de los campos de la IPC en Talara, es bueno destacarlo, no constituyó una confiscación, sino una expropiación, por la que se le pagaría una indemnización justipreciada a la empresa por el valor de sus instalaciones, luego de descontarle los adeudos de más de 50 años.

PPKVelasco mismo se encargó de informar al país el que los adeudos de la IPC al país por impuestos ascendían a US$ 690´524,283, entonces equivalentes a S/ 45 mil millones de soles, los que le serían descontados del justiprecio a pagarle por las instalaciones. El problema radicaba en establecer el valor de la refinería, que se estimaba en US$ 60 millones y le empresa insistía que valía más de US$ 200 millones

Finalmente, ante amenazas de a aplicación de la Enmienda Hickenlooper, que amenazaba suspender toda ayuda y relaciones con EEUU, el gobierno pagó el 11 de mayo de 1972 el justiprecio de 1,197´537.755 millones de soles.

Pero, en el intertanto se produjeron escandalosas traiciones dentro del naciente gobierno, para favorecer a la IPC como la que perpetró el miembro del BCR, Pedro Pablo Kuczynski, que hizo pagos millonarios indebidos a la empresa norteamericana, luego de lo cual fugó aparatosamente del país.



Categorías:América Latina y el Caribe

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