Perú: Sistemas de pensiones (público y privado) no están dirigidos a proteger los derechos de los jubilados, sino todo lo contrario


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La ONP despoja pensiones para pagar abogados

Paga S/. 70 millones  a sus abogados  por gestionar más de 100 mil juicios contra jubilados

Desacata sentencia de TC que ordena suspender demandas y gobierno mantiene situación ignominiosa. Judicialización del sistema previsional es única en el mundo.V

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un organismo estatal cuya principal función es reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos pensionarios con arreglo a ley, del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley Nº 19990, de los regímenes previsionales que se le encarguen o hayan encargado, así como del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley Nº 18846.

Sin embargo, durante los últimos años estas disposiciones son letra muerta, pues en muchos casos la ONP ha sido utilizada para despojar de sus pensiones a miles de personas que han trabajado toda su vida. Y es que, según las denuncias de muchos pensionistas, de la manera más cínica, el Estado simplemente desconoce los aportes de los trabajadores y los dejan sin jubilación, sin pensión y en el más completo abandono.

Niegan el pago de pensiones porque la ONP desconoce los llamados bonos de reconocimiento, sencillamente porque no cuenta con documentos o archivos con los aportes que hicieron los trabajadores durante su vida laboral. Ni siquiera tienen contabilizado el dinero ingresado, ni quiénes y cuántos son los trabajadores aportantes.

Los ingresos son cuantiosos, pero la ONP está prácticamente en la bancarrota. No tiene o no quiere pagar pensiones a miles de personas que viven el ocaso de su vida, maltratados por el Estado, pero desembolsa más de 70 millones de soles para costear puntualmente a los estudios de abogados contratados con el único objeto de obstaculizar y prolongar los más de cien mil procesos judiciales que sostiene con personas de la tercera edad, es decir, el sector más vulnerable del país.

Pero eso no es todo, el daño que causa la ONP a los jubilados sin pensión, por su incapacidad e ineptitud, es aún más grave, porque los afectados también han perdido hace muchos años la seguridad social y no pueden atenderse en los hospitales de EsSalud. Es decir, ha provocado una ruptura de las prestaciones de salud y ha puesto en peligro las vidas de los pensionistas.

Y como si fuera poco, estas personas tienen que soportar mucho más daño todavía, debido a que tampoco son comprendidas en las listas para las devoluciones del Fonavi. Entonces, por culpa de la ONP, también van a perder sus aportaciones que hicieron obligados por ley a dicho fondo.

Además, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) también se suman a los abusos y se niegan a devolver el dinero que tienen los jubilados aportados por años, igualmente, obligados por ley. Ponen como pretexto que, como hay un juicio con la ONP, no puedes retirar su dinero, y simplemente se quedan con él.

Aparte de toda esta maraña montada para dejar sin pensión y convertir en un paria a los jubilados, el Estado promociona la llamada Pensión 65, la paga puntualmente, pero desconoce y se apodera de las pensiones de miles de jubilados que se lo han ganado a costa de trabajar toda su vida y los obliga a seguir haciéndolo hasta morir, para sobrevivir, si es que todavía pueden hacerlo y si alguna empresa los acepta y contrata, ya sin ningún derecho.

Desde que asumió la Presidencia de la República Ollanta Humala y puso a Diego Alejandro Arrieta Elguera al frente de la ONP, en 2011, la situación de abandono y despojo de pensiones a los jubilados se ha convertido en una política de Estado.

Pero si piensan que aquí termina la terrible tortura contra los jubilados sin pensión, se equivocan. El padecimiento continúa en el Poder Judicial. Allí tienen que enfrentar otro drama debido a la lentitud, indolencia e indiferencia de los jueces. Se pasan los años sin resolver los casos. El avance judicial se parece al tránsito vehicular en hora punta en Lima. Enredado y detenido.

Todos estos conceptos y denuncias fueron vertidos por el periodista Víctor Castañeda Gonzales, quien trabajó en EXPRESO por más de 25 años, entre 1969 y 1995, y durante ese tiempo le descontaron por los diversos conceptos de ley, entre ellos el Fonavi, desde que fue creado hasta el final.

Toda una vida profesional laboral desplegada, pero la ONP le desconoce sus derechos pensionarios, con las consecuencias enumeradas en este informe periodístico.

Este es un caso emblemático de injusticia y de abuso del Gobierno y su ONP, actualmente judicializado, que vamos a desenmascarar con documentos. Si tanto maltrato se puede hacer a un profesional, a un periodista que puede defenderse, cómo la estarán pasando los miles de jubilados de a pie, la mayoría de los casos sin defensa judicial.

Hay 107,456 juicios

Existen 107,456 procesos previsionales, según la propia ONP, contra los jubilados sin pensión. Es increíble, inhumano y cruel que esta entidad del Estado y sus estudios con una legión de abogados, solo se dedique a obstaculizar y dilatar la administración de justicia con la única finalidad de evitar que salga una resolución judicial favorable a los pensionistas.

¿Cómo es posible que el Gobierno pueda mantener una situación tan ignominiosa con el solo objetivo de perjudicar a miles de personas que lo han dado todo? El propósito de la ONP de mantener judicializado el sistema previsional es único en el país y en el mundo.

Sin embargo, hay mucho dinero, 70 millones de soles, que la ONP está pagando durante la gestión del jefe de la ONP, Diego Alejandro Arrieta Elguera, a sus estudios de abogados para litigar con los pensionistas, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado suspender las demandas contra los jubilados.

La ONP se burla de los pensionistas, de las leyes y desacata la sentencia del TC. Los S/ . 70 millones parecen una torta para repartir, señala el periodista Castañeda.

Este organismo del Estado paga alegremente esa cifra millonaria para apoderarse olímpicamente de las pensiones, haciendo padecer injustamente a miles de peruanos de la tercera edad, a cambio de llenar de millones los bolsillos de sus abogados. ¿Cómo habrán sido los arreglos entre la ONP y los estudios de abogados, con tantos millones de por medio?, preguntan los afectados.

En muchos casos la pensión reclamada la tienen que cobrar los herederos, porque el jubilado falleció y nunca disfrutó de su dinero.

Por eso es que la ONP, las AFP y todo el sistema previsional están cuestionados, han perdido la confianza de los trabajadores porque se quedan con el dinero aportado con cualquier pretexto, incluso respaldados por la ley.

Esta es la realidad previsional en el país que tiene sometidos a cientos de miles de peruanos. El sistema, liderado por la ONP, perjudica a los trabajadores y solo existe para legalizar el despojo pensionario.

Caso vergonzante

El periodista Víctor Castañeda trabajó en el diario EXPRESO, en ese entonces Editora Nacional SA, desde el 16 de junio de 1969 hasta el 4 de enero de 1995, con un tiempo de servicios de 25 años, seis meses, 19 días, según consta en la carta notarial y liquidación que la empresa remitió al periodista.

En dicho documento, expedido además con autorización y resolución del Ministerio de Trabajo, debido a que se trataba de una reducción de personal (en ese entonces éramos más de 500 trabajadores) también figura el pago de su indemnización y deducciones para el IPSS (ahora EsSalud), para el SNP (Sistema Nacional de Pensiones) y Fonavi, fondo al que aportó durante los años que estuvo vigente.

La posición de la ONP es la más fácil. No tienen documentación, ni siquiera de sus millonarios ingresos y exigen a los que se van a jubilar que presenten pruebas de su vida laboral, incluso que traigan las planillas, como si estos documentos estuvieran en manos de los trabajadores.

En forma ominosa, la ONP mediante resolución, solo le reconoce siete años de aportaciones por un valor nominal definitivo de 1,044.47 soles, y por lo demás años dice que es “materialmente imposible acreditar aportaciones”, pese a contar con documentos y pruebas aportadas por Castañeda Gonzales.

El congresista Julio Gagó (Fuerza Popular) también ha denunciado a la ONP por el maltrato a los jubilados sin pensión, señalando que “por todos los medios, trata de obstaculizar la administración de justicia para que un pensionista no obtenga una resolución judicial a su favor”.

“Esto debe ser investigado por el Congreso”, sostuvo. En realidad, hay mucho por investigar, hay que saber qué ha hecho con los millones en aportes de los trabajadores que ahora no tiene para pagar las pensiones.

Desacato al tribunal constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la ONP suspender las demandas o recursos infundados en contra de los pensionistas, así como la interposición de cualquier proceso judicial o recurso o que se allane en caso que estuviera en trámite cuando los mismos pretendan desconocer un derecho pensionario.

El TC también dispuso “que los abogados que autorizaron la demanda de amparo en abierto desacato a la jurisprudencia del TC pagarán la suma de 20 Unidades de Referencia Procesal como sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional”.

El dato: cifras oficiales

Los más de cien mil juicios y los S/ . 70 millones pagados a los abogados de la ONP, son cifras oficiales proporcionadas por la Oficina de Asesoría Jurídica de la ONP, a cargo de Miluska Gil Ramón, según denuncia pública del congresista Julio Gagó.

http://www.expreso.com.pe/nacional/la-onp-despoja-pensiones-para-pagar-abogados/



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