Venezuela: Asamblea Nacional quiere propiciar el ambiente político que les permita ejecutar un Golpe de Estado


opositores-en-asamblea-nacionalEscriben: Brunilde Palacios y Antonio José Guevara

Prensa Alternativa y Comunitaria EL NEGRERO

La oposición venezolana que se encuentra en la Asamblea Nacional se ha dado a la tarea de querer socavar la bases de la institucionalidad Judicial y Política existente en el país para mantener en zozobra a la población venezolana.

No solamente les ha bastado la imposición de la Guerra económica (como preámbulo para promover la Guerra de 4ta. Generación), con la intención de socavar los logros alcanzados en revolución;  sino el asumir una conducta apátrida en contra del país,  que los ha llevado a pedir la Carta Interamericana de los Derechos Humanos.

Ante esta actitud La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió una demanda realizada por el Procurador General de la República, según la cual, la Asamblea Nacional estaría violando la Constitución de la República al proponer un juicio político al Presidente de la República Bolivariana Nicolás Maduro, en el que dejan claro, que los argumentos utilizados no aguantan una comprobación desde el punto de vista constitucional.

Esta ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra las actuaciones de hecho y amenazas proferidas por oposición venezolana que se encuentra en la Asamblea Nacional (AN), ha sido reiterativa en contra de los Poderes Públicos, la democracia y el sistema republicano; amenazando la estabilidad social y política de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y la paz de  la República;  así como las actuaciones y amenazas contenidas en el Acto Parlamentario de fecha 25 de octubre de 2016.

Dicha solicitud guarda conformidad con lo previsto en el  artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el art. 25, núm. 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; a pesar que puntualmente la sentencia N° 948 dice: “La Sala ordenó a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente ‘juicio político’ en contra del presidente la República (…), así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución.

La Procuraduría General de la República consideró (en esta acción jurídica ante la Sala Constitucional de TSJ)  que la Asamblea Nacional (AN) desde hace unos 10 meses viene  asumiendo el incurrir en una serie de daños patrimoniales contra  la República Bolivariana de Venezuela;  por lo cual este Órgano eleva a conocimiento del Máximo Tribunal, la acción de amparo constitucional en contra del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el día 25 de octubre de 2016; que consistió en un “Acuerdo para Iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República, porque ellos consideran que su conducta ha conllevado al país a una Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático, así como a la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación”, y en contra de las amenazas graves proferidas desde el órgano legislativo que tienen una clara intención de provocar hechos de violencia que pondrían en peligro la integridad del Patrimonio de la República; incluso contra sus propios acólitos; siendo urgente y necesario, que se tomen medidas adecuadas para frenar el comportamiento de quienes se encuentran en el Hemiciclo Legislativo, con el fin de dar correcta dimensión y sentido a nuestra Carta Magna.

El mandato de Amparo Constitucional por parte del Máximo Tribunal, se aceptó  en vista que las pruebas son contundentes (Consideradas, como un hecho público y notorio). Asimismo, la Procuraduría  consideró que la conducta esgrimida por un sector mayoritario que conforma la oposición venezolana ha incurrido en llevar al país a una situación política y social que ha cobrado dimensiones que no escapan ni al más trivial examen, donde sus llamados a incrementar el odio, ha puesto en peligro la vida de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos; los cuales se han  visto afectados por situaciones de confrontación política que ha pretendido exceder dicho espacio y determinar incluso el destino de la vida económica y jurídica de la Nación;  puesto que a estos llamados de odio, se le incorpora la participación de sectores exógenos,  que han venido implantando una matriz comunicacional negativa en contra del país.

Por otro lado, las actuaciones materiales llevadas a cabo por la Asamblea Nacional en los últimos meses, han pretendido dar forma de derecho a sus actuaciones, tratando de legislar y crear leyes inconstitucionales que han  generado una inminente confrontación entre los ciudadanos y ciudadanas venezolanas; puesto que el sector opositor que conforma la Asamblea Nacional busca generan una confrontación entre modelos que notoria y comunicacionalmente evidente, vienen provocando sin un control correcto, eventos de violencia o intentos de ruptura del orden constitucional; donde se busca iniciar un procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República, con el propósito de imponer una grave ruptura del orden constitucional/ democrático y la devastación de las bases económicas  y sociales de la nación; conllevando  a una situación de ruina, para que sea intervenido desde el punto de vista militar por cualquiera potencia extranjera y de esta manera apropiarse de sus recursos naturales (acordemos que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera comprobadas en el mundo).

Dicha expectativa que se ha venido imponiendo sobre la base de ofertas políticas que no encuentran base en la Constitución, ni en la legislación nacional y que responde a una serie de intereses foráneos, como el asumir posturas apátridas, por una oposición que perdió desde hace mucho tiempo sus valores patrios;  que anda deambulado como un barco a la deriva  y que hoy se han venido comportando como unos asalariados de los imperios que controlan el mundo y que cuyo objetivo tiene que ver, con  el acosos reiterado que conlleve a la renuncia forzada del Presidente Nicolás Maduro Moro, su enjuiciamiento político, la inhabilitación en razón de su nacionalidad (…), la aplicación de sanciones y otras medidas contra la República por parte de organismos multilaterales, para forzar nuevas elecciones en el país y en el que buscan crear el ambiente propicio que les permita pescar en río revuelto.

Tal actitud viene originando en el país, una profunda angustia por las declaraciones recurrentes y amenazas que se hacen a través de cualquier vía de comunicación (haciéndose públicas y notorias); puesto que han sido implementada por la oposición venezolana que se encuentra dentro de la Asamblea Nacional (AN) y  que ha conllevado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emanar la Sentencia No. 948; la cual  frena la implementación de todo tipo de decisiones, tanto de la Asamblea Nacional, como de grupos políticos aliados a ella;  fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el enjuiciamiento del Presidente de la República,  prohibiendo convocar y realizar actos que alteren el orden público, así como instigaciones contra autoridades y poderes públicos y otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general .

Preocupa la  ansiedad política por acceder al poder a cualquier costo, como la arrogancia, el desprecio por los sectores más humildes de la población, el rechazo al contrato constitucional, que ha llevado a esta oposición que se encuentra incrustada con una mayoría circunstancial dentro de la Asamblea nacional (AN). Han venido utilizando diferentes mecanismos para sustituir progresivamente valores propios de la venezolanidad, como la democracia, el debate de ideas, la igualdad, el respeto por el orden constituido y la solidaridad. Buscan la destrucción deliberada del Estado venezolano por parte de sectores políticos con intereses particulares. Hemos notado en muchas de las declaraciones que dan sus dirigentes políticos una persistencia a imponer esta matriz comunicacional contra el Estado Bolivariano; a pesar que no se le ha negado el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y menos  a disentir de las políticas públicas. Pero la actitud que manifiesta esta oposición, rebasa los límites de la racionalidad; descalificando y atacando instituciones constitucionales establecidas para garantizar la pervivencia del Estado.

En tal sentido, no cabe la menor duda que la finalidad última de la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional es la de propiciar suficientes condiciones en el ambiente político, económico y social de la Nación para estimular o ejecutar por cuenta propia un Golpe de Estado al Gobierno constitucionalmente constituido; a través de la revocatoria de los mandatos de las máximas autoridades del resto de los Poderes Públicos y la exacerbación de grupos violentos afectos a partidos de oposición para generar caos y zozobra.

Muestra de ello, lo constituyen no sólo el contenido de las intervenciones públicas realizadas por los Diputados de la MUD, sino lo que hemos visto, a través de sus diferentes participaciones en las múltiples manifestaciones públicas efectuadas, tanto por Diputados como por representantes y voceros de la Oposición a través de los diversos medios de comunicación y demás redes sociales. Mas aún, cuando ha sido pública y notoria la difusión de la “Hoja de Ruta Democrática 2016”,  que llevaba como intención, aprobar una Enmienda Constitucional, a través de una serie de acciones violentas, con la intención de reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año (2016) .

Esta situación, lejos de ser democráticamente aceptada por los partidos opuestos al Gobierno Nacional, provocó un recrudecimiento de sus ataques, y de las solicitudes a la OEA, para realizar una intervención en Venezuela. Incluso antes (en febrero de 2016), realizaron invitaciones a oradores extranjeros para azuzar un movimiento que pusiera fin al mandato constitucional del Presidente Nicolás Maduro. Con esa perspectiva, invitaron  al Presidente de Costa Rica, Oscar Arias quien en reiterada ocasiones, expresó  su desprecio por el modelo de inclusión social implementado a través de las políticas públicas del ex presidente Hugo Chávez Frías y ahora del Presidente Maduro. Ya anteriormente había exhortado a cumplir y ejecutar en forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos antes referidos, dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos, inmiscuyéndose en asuntos ya resueltos por el Poder Judicial.  Pero lo más grave, es que se dedicaron a informar a los diferentes organismos internacionales de protección de derechos humanos, Parlamentos de las distintas naciones y otras instituciones, a que sigan pronunciándose sobre la situación de derechos humanos y en el que se busca, propiciar la intervención de organismos y estados extranjeros.

Hacemos un llamado al pueblo venezolano, para  no dejarse confundir y  estar atento ante este organismo público que representa un ala dentro de los cinco poderes que conforma la estructura administrativa del país;  puesto que se ha dedicado a desestabilizar la tranquilidad y la armonía de los diferentes sectores que integran al pueblo venezolano que se encontraba en paz. Se han dedicado a dictar uno de sus más irracionales, antijurídicos y desproporcionados actos, cuando declararon la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Se dieron a la tarea de solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos posibles (denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes), con la intención reiterada de disolver la Directiva del Consejo Nacional Electoral y nombrar nuevos Rectores;  sin darse cuenta, que tales llamados se convirtieron en una clara apología a la manifestación violenta contra los Poderes del Estado. Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, se dieron cuenta de la manipulación y han venido perdiendo el espacio político que lograron en Dic./2015 que los llevó a tener una mayoría circunstancial dentro de la Asamblea nacional.

Por otro lado, la Sala  ratificó que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68, y la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, aprobada por la Asamblea Nacional; puesto que el derecho a la manifestación se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico venezolano y no está considerado como  un derecho absoluto, entendiendo como tal…, aquella clase de derecho que no admite restricción de ningún tipo, como es el caso del derecho a la vida, cuyo ejercicio se encuentra garantizado de forma amplia sin limitación .

Asimismo ratificó la jurisprudencia de esta Sala en su sentencia número 276 del 24 de abril de 2014, en la cual afirmó que el derecho a la manifestación admite válidamente restricciones,  tal como lo establecía la Constitución de 1961 en su artículo 115. Entre esas previsiones para ejercer el derecho a manifestar se requiere solicitar los permisos a las autoridades respectivas, tal como lo dispone, por ejemplo, el artículo 74 de la Ley de Transporte Terrestre, según el cual “…Los ciudadanos y las ciudadanas, previa obtención de la autorización emanada de la autoridad competente, tienen derecho a manifestar,  sin afectar, obstruir o impedir el libre tránsito de personas y vehículos.”. De la misma forma, el artículo 68 constitucional también dispone un acatamiento irrestricto a la ley por parte de los cuerpos policiales y de seguridad encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar pacíficamente; sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en delitos y vulneraciones a derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso de los derechos al libre tránsito, al trabajo y a la paz .

Finalmente, se reitera que contra las decisiones de la Sala Constitucional no se admitirá recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 335 Constitucional, en concordancia con la jurisprudencia inveterada de este Máximo Tribunal de la República; porque el constituyente de 1999, dejo claro que sus decisiones no se discuten por ser el máximo intérprete del los diferentes contenidos que se encuentran a lo interior de su espíritu y casualmente.  



Categorías:Actualidad, AFP, América Latina y el Caribe, Análisis, Democracia, Golpismo, Intervencionismo, Sociedad

Etiquetas:, ,

A %d blogueros les gusta esto: