Nueve cosas que Obama debería hacer antes de dejar su cargo


images-21Informar, sancionar y perdonar

Escribe:  Pratap Chatterjee

TomDispatch

La última oportunidad de Obama

-Introducción de Tom Engelhardt

Imaginemos este escenario: usted ha ocupado un despacho durante ocho años y ahora está a punto de marcharse. Usted sabe quién es el nuevo ocupante; tiene fama de ser un sujeto cuya capacidad para controlarse es mínima, por lo que podría ser un peligro para los demás. Por lo tanto, hay algo que sin ninguna duda usted no haría: dejar un revólver cargado en el primer cajón del escritorio y una caja llena de balas en el armario.

Sin embargo –si me perdona la analogía– esto parece ser exactamente lo que el presidente Obama y su equipo de la seguridad nacional están haciendo en relación con Donald Trump.

Veamos dos noticias de la semana pasada. The Washington Post informó de que, en sus últimos días, la administración Obama está tratando de conceder al secretísimo y exclusivísimo Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) nuevos poderes para atacar en todo el planeta. Tal como escribieron Thomas Gibbons-Neff y Dan Lamothe, el JSOC tendrá “poder ampliado para seguir la pista de células terroristas, y para planificar y eventualmente atacarlas en cualquier lugar del mundo. Esta decisión viene motivada por la preocupación por la amenaza terrorista representada por la dispersión de militantes del Estado Islámico desde sus bastiones en Irak y Siria… Cuando esto se concrete, el JSOC –que hoy es una valiosa herramienta de ataque a disposición de los comandos regionales de las fuerzas armadas– pasaría a ser un organismo de inteligencia múltiple con capacidad propia de acción. Con el nombre de ‘Fuerza de tareas contra-exterior’, el grupo estará diseñado para emular el sistema de selección de blancos propio de JSOC –puesto a punto en los conflictos de los último 15 años– y extenderlo por todo el mundo para perseguir y dar caza a organizaciones terroristas que planeen ataques contra Occidente”.

Al mismo tiempo, The New York Times informó de que en los últimos días de su segunda presidencia, Barack Obama está ampliando las bases legales de la guerra contra el terror mediante la formalidad de agregar el grupo samalí al-Shabaab a la lista de “los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre de 2001” incluida en la autorización de guerra que aprobó el Congreso poco después de los atentados del 11-S. (ojo, al-Shabaab ni siquiera existía en 2001). Como señalan Charlie Savage, Eric Schmitt y Mark Mazzetti, esta es “una medida que fortalecerá la autoridad del presidente electo Donald Trump cuando lidie con miles de combatientes islámicos en la caótica nación del Cuerno de África… y reforzará las bases legales para intensificar la campaña de ataques aéreos y otras operaciones contraterroristas realizadas sobre todo en apoyo de las tropas de la Unión Africana y el gobierno somalí”.

Es posible que, después de años de guerras, agresiones, campañas de asesinatos selectivos y cosas por el estilo, debamos pensar que el escritorio del Despacho Oval está repleto de las armas cargadas provenientes de esas guerras. Cuando Trump lo ocupe se encontrará al mando de un formidable aparato de seguridad nacional, un aparato que, por su magnitud, eclipsa a los de todos los regímenes totalitarios del pasado siglo. Si al menos pudiésemos decir que Barack Obama ha hecho al menos un intento serio de quitar contundencia o poner freno a los poderes de ese Estado dentro del Estado… pero no tendremos suerte. En lugar de eso, está dejando un sorprendente (y aún en expansión) conjunto de poderes para oprimir y agredir que están cargados y preparados para ser disparados por el nuevo presidente.

Lo irónico del asunto es que en las pocas semanas que quedan, Obama todavía podría hacer al menos una modesta diferencia en algunos de estos poderes. Podría, como Pratap Chatterjee, colaborador regular de TomDispath, deja claro hoy, levantar el cada vez más espeso velo de secretismo que cubre al estado de la seguridad nacional y permitir que los estadounidenses sepan qué ha estado haciéndose en su nombre en estos años y qué es exactamente lo que se deja en las manos de su irritante sucesor.

Nueve cosas que Obama podría hacer antes de dejar su cargo para revelar la naturaleza del sistema nacional de seguridad

En menos de siete semanas*, el presidente Barack Obama traspasará el gobierno a Donald Trunp; esto incluye el acceso a la Casa Blanca y a la residencia de campo de Camp Davis, y el uso del avión presidencial Air Force One. Por supuesto, Trump también heredará los tristemente famosos códigos nucleares, así como la última tecnología bélica, que incluye, entre otras cosas, la flota de drones asesinos, el gigantesco aparato de vigilancia y recogida de datos de la Agencia Central de Seguridad (CIA, por sus siglas en inglés) y el enorme sistema de investigaciones e informantes encubiertos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Antes de las últimas elecciones, Obama advirtió repetidamente de que una victoria de Trump podía provocar el desastre. “Si alguien empieza a tuitear a las 3 de la madrugada porque el programa de TV Saturday Night Live se burló de él, no puedes entregarle los códigos nucleares”, dijo Obama en un mitin pro-Clinton en noviembre. “Todo lo que hemos hecho en los últimos ocho años”, dijo además en una entrevista a la MBNBC, “cambiará radicalmente con Trump como presidente.”

Aun así, pocos días después de que Obama hiciese esos comentarios y ganase Trump, The Guardian informó de que su administración estaba muy ocupada con sus planes de no solo dar a Trump acceso a los códigos nucleares sino también el nuevo y formidable sistema de espionaje y asesinato que Obama ayudó personalmente a darle forma y dirigió. “Obama, que fracasó a la hora de poner freno a las políticas de seguridad nacional de Grorge Bush, entrega a Trump un arma completamente cargada”, observó recientemente Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés). “El presidente, al no haber entendido que no es posible confiar esos poderes a cualquier presidente, ni siquiera a él mismo, nos pone ahora en la situación de dejarlos en manos de Donald Trump.”

En muchas áreas, poco importa lo que Obama haga ahora. Por ejemplo, en sus últimos días, si cumpliera su primera promesa en el Despacho Oval y diera la orden de cerrar la prisión de la base de Guantánamo, Cuba, en 20 de enero de 2017, Trump podría revocar esa decisión de un plumazo.

Entonces, en el tiempo que queda, ¿que podría hacer un presidente asustado por su sucesor?; si no le pone difícil a Trump la creación de un caos mundial, podría al menos dejar en claro algunas cosas antes de abandonar la Casa Blanca.

Desgraciadamente, las cosas no son como nos gustarían, aunque el presidente todavía tiene algunas potestades que, por su naturaleza, son irreversibles. Por ejemplo, la desclasificación de documentos secretos. Una vez que han sido publicados, no hay poder en la tierra que pueda hacer que todo vuelva a ser como un día antes. El presidente también tiene el poder virtualmente ilimitado de perdonar. Y, finalmente, el presidente puede sancionar a funcionarios de alto nivel o a militares de alta graduación que hayan abusado del sistema, tal como hizo el presidente Obama en 2010, cuando llamó al general Stanley McChrystal para que dejara su puesto en Afganistán; puede volver a hacer lo mismo hasta el 19 de enero. Por supuesto, Trump podría volver a nombrar a esas personas, aunque una acción rápida de Obama al menos les acarrearía un juicio mediático, si no algo más.

images-22He aquí, entonces, nueve sugerencias de iniciativas del presidente en sus últimos 40 días, unas sugerencias relacionadas con tres vías de acción: publicar, sancionar y perdonar.

Drones

  1. Dar los nombres de las víctimas inocentes de los ataques con drones.

En julio pasado, la administración Obama publicó calladamente una declaración en la que admite que mató a entre 64 y 116 personas inocentes en 473 ataques con drones realizados en Libia, Pakistán, Somalia y Yemen desde enero de 2009 hasta el fin de 2015 (no importa que la muy confiable Oficina de Periodismo de Investigación, con base en Gran Bretaña, haya registrado un total cercano a las 800 muertes de inocentes en el mismo conjunto de incursiones con drones).

El presidente Obama debería dar inmediatamente los nombres de las personas inocentes que su administración admite haber matado y, cuando se conozcan, los datos y la localización de cada uno de los incidentes. Hay un precedente de esto: el 23 de abril de 2015, Obama pidió disculpas por la muerte en Pakistán del italiano Giovanni Lo Porto y el estadounidense Warren Weinstein –cautivos en ese momento de al-Qaeda– como consecuencia de un ataque con dron, a quienes identificó por su nombre. ¿Por qué no hacer saber los nombres de los demás?

Justamente, Faisal bin Ali Jaber, ingeniero yemení, ha estado pidiendo una respuesta a esta pregunta. Su cuñado Salem y su sobrino Waleed fueron asesinados por un dron estadounidense en 2012. Funcionarios yemeníes entregaron 100.000 dólares en metálico a Jaber; los funcionarios juraron que se trataba de una compensación del gobierno de Estados Unidos aunque Washington no reconoció haberlo hecho. El grupo Reprieve, de Gran Bretaña, que trabaja en el apoyo de las víctimas de drones, ha demandado al presidente Obama para conseguir que se excuse públicamente en relación con Jaber.

  1. Publicar cualquier lista de los errores de las fuerzas armadas.

Cuando Obama pidió disculpas por la muerte de Lo Porto y Weinstein, dijo que había ordenado una investigación completa de los errores cometidos en los ataques con drones. “Extraeremos las lecciones que puedan aprenderse de la tragedia y haremos todos los cambios que deban hacerse”, anunció el presidente. Hasta el 20 de enero, Obama tiene la potestad de publicar esos documentos y demostrar que esas lecciones han sido realmente aprendidas (el único documente disponible relacionado con esta cuestión es el acuerdo por 1,2 millones de dólares entre los padres de Lo Porto y la embajada de Estados Unidos en Roma publicado por Stefania Maurizi en el periódico italiano L’Espresso).

Hay un precedente para una publicación como la que sugiero. El Pentágono publicó transcripciones e información acerca de una incursión aérea que el 21 de febrero de 2010 ocasionó la muerte de 23 aldeanos afganos en la provincia de Uruzgan, después de que un operador de drones los confundió con combatientes del Taliban. Asimismo, se han hecho públicos unos documentos referidos a los ataques contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz el 3 de octubre de 2015.

¿Cuántas investigaciones militares similares (conocidas como AR 15-6) se han realizado en relación con muertes accidentales en la guerra contra el terror? Según Airwars, otra organización británica, sabemos que Estados Unidos está indagando lo ocurrido en un ataque que mató a por lo menos 56 civiles en Manbij, Siria, en julio de este año. Se tiene certeza de que hay muchas investigaciones más que nunca han visto la luz del día.

La administración Obama sostiene sistemáticamente que los grupos como Airwars y la Oficina de Periodismo de Investigación no conocen toda la historia. Esto se opone abiertamente a los múltiples informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Al-Karama, las universidades de Stanford y Columbia e incluso Naciones Unidas; todos estos organismos han investigado e identificado un número cada vez mayor de muertes por ataques de drones, víctimas que nada tenían que ver con grupos terroristas o insurgentes. Si realmente existen pruebas de lo contrario, este es el momento para que Obama pruebe que esos grupos están equivocados y no permita que los “daños colaterales” continúen amontonándose en su legado.

  1. Publicar los criterios que la administración aplica en los “asesinatos selectivos”.

En julio y agosto, presionada por la UCLA, la administración Obama dio a conocer una serie de documentos que revelaban los procedimientos utilizados para identificar y seleccionar a las personas que serían asesinadas por ser responsables de actividades terroristas en buena parte del mundo, y cómo se justificaban esas muertes en el ámbito nacional. En todo caso, sin embargo, esos documentos (conocidos como ‘guía para la política presidencial’ (PPG, por sus siglas en inglés) solo sugerían lo mucho de toda la cuestión que todavía continúa vedado al escrutinio público.

“Desgraciadamente, la mayor parte del programa continúa siendo secreto, incluso cuándo se aplica realmente la PPG, qué significan en la práctica esos procedimientos y qué prueba hay de cómo se evalúa el cumplimiento de esos criterios; lo mismo que a quién está matando el gobierno y en qué lugar.

Cuando Donald Trump mande por primara vez un dron de la CIA para asesinar a alguien que ha sido escogido por la Casa Blanca, podrá alegar que lo hace en el marco del procedimiento secreto creado por Obama. Si no llegamos a conocer los procedimientos promovidos por Obama, no podremos saber si Trump estará diciéndonos la verdad o no.

Ninguna de estas tres sugerencias presentaría dificultades o daría lugar a polémicas (aunque mejor que no contengamos la respiración esperando que eso suceda). Con cada una de ellas, Obama puede hacer que aumente la transparencia antes de que, inevitablemente, Trump se haga cargo del programa de asesinatos selectivos. Sin embargo, nada de esto perturbaría siquiera a una futura administración Trump. Por lo tanto, sugiero a continuación algunas cosas que podrían importarnos a todos si Obama las hace antes de que Trump entre en el Despacho Oval.

Vigilancia

  1. Revelar el contenido de los programas de vigilancia masiva.

A pesar de que el senador Obama se oponía a la recogida de información sobre los ciudadanos estadounidenses, el presidente Obama ha defendido vigorosamente la asombrosa expansión del estado de la seguridad nacional durante sus dos periodos en el cargo. “Es imposible tener una seguridad total y al mismo tiempo una privacidad total y ninguna dificultad”, dijo en 2013, unos días después de que Edward Snowden filtrara una recopilación de información de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que transformó nuestra idea respecto de lo que el gobierno recogía sobre nosotros. “Ya sabéis; como sociedad, tendremos que hacer algunas elecciones.”

Gracias a Snowden, supimos también que –secretamente–el gobierno había obtenido el permiso del Tribunal de Vigilancia y Espionaje Exterior para coleccionar toda la

etainformación telefónica de Estados Unidos mediante programas como Stellarwind. Además, creó un programa llamado Prism para introducirse directamente en los servidores de las nueve empresas más importantes de Internet; intervino el tendido global de cables de fibra óptica que están en el fondo de los océanos; coleccionó mensajes de texto por medio del programa Dishfire; construyó una enorme base de datos llamada X-Keyscore para interceptar toda la información de una persona determinada; e incluso creo un programa, Optic Nerve, para poner en funcionamiento la webcam de cualquier usuario y permitir así la recogida de gran cantidad de comunicaciones de contenido sexual explícito. Y esto no es más que la punta de iceberg.

Irónicamente, un informe del FBI, que finalmente se publicó en abril de 2015, muestra que este enorme esfuerzo ha resultado prácticamente inútil en la identificación de posibles terroristas. “En 2004, el FBI examinó una muestra del material recogido por Stellarwind para ver en qué medida había significado una ‘contribución importante’ para identificar a un terrorista, o expulsar a un sospechoso de terrorismo, o conseguir un informante confidencial en cuestiones ligadas con el terrorismo”, escribió el periodista Charlie Savage, del New York Times, que había pasado años tratando de conseguir acceso a los documentos. “Solo el 1,2 por ciento de las intervenciones telefónicas realizadas entre 2001 y 2004 habían contribuido es ese sentido. Dos años más tarde, el FBI revisó todas las pistas de las escuchas sin orden judicial realizadas con Stellarwind entre agosto de 2004 y enero de 2006. Ninguna resultó de utilidad.”

Hoy en día, los delincuentes y terroristas más listos utilizan la comunicación cifrada u otros medios como teléfonos desechables para estar seguros de que no dejarán pistas. Los únicos agentes importantes que han sido pirateados en estos tiempos parecen ser los funcionarios de Partido Demócrata como John Podestá y millones de ciudadanos de a pie cuya información ha sido robada por delincuentes. Entonces, ¿por qué no revelar qué programas ha utilizado el gobierno en estos años, qué ha hecho con ellos, por qué fracasaron y qué lecciones se han aprendido (o no)? La prueba de que el sistema de la seguridad nacional ha desperdiciado muchísimo tiempo y recursos muy bien podría sernos útil para mejorar un sistema que no solo ha cercenado nuestra privacidad sino también nuestra seguridad. Estas revelaciones no pondrían en peligro la posibilidad de que el gobierno consiguiera las órdenes judiciales necesarias para interceptar legalmente las comunicaciones de aquellos sospechosos de actividades criminales o terroristas.

  1. Dar a conocer todos los acuerdos de vigilancia suscritos con empresas privadas.

En estos mismos momentos, el gobierno de Estados Unidos tiene acuerdos secretos con varias empresas que manejan datos para poder recoger información. Algunas empresas están extremadamente incómodas por esta invasión de la privacidad de sus clientes, aunque más no sea porque es probable que esos acuerdos violen los términos del servicio al que están comprometidos, lo cual podría provocar pérdida de negocios (ya que se enfrentan con la competencia de compañías no estadounidenses, es decir, con alternativas más seguras).

Por ejemplo, consideremos a Yahoo. En 1015, el departamento de Justicia consiguió una orden del Tribunal para registrar todos los correos electrónicos llegados a la cuenta de sus usuarios para encontrar un solo código de ordenador que se suponía vinculado con las comunicaciones de una organización “terrorista” patrocinada por un país. La empresa solicitó al gobierno que desclasificara la orden para quitar su nombre de allí. Eso está todavía por hacerse.

Por supuesto, no todas las compañías están tan intranquilas porque se revelen sus acuerdos con el gobierno. Por caso, AT&T, el gigante de las comunicaciones. Los departamentos de policía de todo el país gastan hasta 100.000 dólares por año para tener acceso especial a los registros telefónicos de sus clientes (sin pedir, en principio, una orden judicial). El programa utilizado se llama Hemisphere, y la empresa necesita compradores para mantener el secreto de su existencia.

La fundación Frontera Electrónica, grupo activista con base en San Francisco, California, llama “blanqueo de pruebas” a esta actividad. Tal como dice Adam Schwarz, principal abogado del equipo sobre libertades civiles de la fundación Frontera Electrónica: “Cuando la policía oculta su fuente de pruebas, el acusado no puede cuestionar la calidad o la veracidad de la investigación gubernamental ni buscar información que le sea favorable y aún esté en manos del gobierno. Incluso más, la ocultación de evidencia de las personas llevadas a juicio como consecuencia de esa vigilancia va contra la ética de nuestro derecho fundamental de un sistema judicial penal abierto”.

¿Hay alguna seguridad de que un argumento como este convenza a un ex profesor de leyes? Con toda facilidad, Obama podría hacer mucho por la imparcialidad de los juicios si revelara el alcance y los detalles de esos contratos de las policías locales que son un secreto a voces, lo mismo podría hacer con cualquier otro acuerdo que el sistema de la seguridad nacional tenga con compañías privadas para espiar a ciudadanos de a pie. Una vez más, esto no pondría en peligro la posibilidad de que el gobierno consiguiera una orden judicial cuando pueda convencer al juez de que necesita intervenir las comunicaciones personales de alguien en particular.

  1. Dar a conocer todas las leyes secretas aprobadas en los últimos años.

Lo último que queremos para Donald Trump y su futuro asesor en la Casa Blanca, el nacionalista blanco Steve Bannon, es que entren en el Despacho Oval y empiecen a pergeñar leyes secretas en su ejercicio de poderes ejecutivos para, digamos, hacer redadas de musulmanes o negar los derechos de las mujeres.

Sin duda, impedir que Trump emprenda este camino y cree su propio repertorio de leyes secretas será una dura faena con el antecedente de que es probable que Obama haya sido el presidente de Estados Unidos que más órdenes secretas ha firmado. Elizabeth Goitein, codirectora del programa Seguridad Nacional y Libertad del Centro Brenan, señaló en un informe reciente que la administración Obama ha evitado informar acerca de por lo menos 74 opiniones y memorandos del despacho de Consejería Legal del departamento de Justicia en que se basaron muchas acciones secretas del gobierno en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, incluyendo detenciones, interrogatorios, actividades de espionaje, investigaciones compartidas y respuestas al terrorismo. Además, no se han hecho públicas por lo menos 30 resoluciones de la Corte de Vigilancia del Espionaje en el Extranjero emitidas entre 2003 y 2013. Por otra parte, un sorprendente total de 807 acuerdos internacionales, entre ellos algunos bilaterales para controlar el transporte de drogas, firmados por Estados Unidos entre 2004 y 2014, nunca han visto la luz del día.

Por supuesto, Trump ha rechazado incluso dar a conocer su declaración de rentas (que hasta ahora había sido un ritual de la campaña electoral), por lo tanto si Obama no revela sus acuerdos secretos, no esperemos que Trump dé a conocer ningún tipo de ley secreta que su predecesor haya aprobado en los últimos cuatro años. El momento actual, entonces, constituye una oportunidad única para que el presidente dé cumplimiento a lo prometido en 2009: que la suya sería la presidencia más transparente de todos los tiempos. Lamentablemente, nadie espera que lo haga. Según Anne Weisman, directora ejecutiva de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, una ONG sin filiación política que hace el seguimiento del cumplimiento de la las leyes por parte del gobierno, “Por lo que parece, la administración Obama ha abandonado incluso la apariencia de transparencia”.

Dado que es muy improbable que en los próximos 40 días Obama dé marcha atrás en materia de vigilancia y órdenes secretas, presento a continuación algunas sugerencias acerca de lo que todavía podría conseguir en su calidad de jefe nacional de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Castigar

  1. Castigar a quienes diseñaron los programas de ataques con drones o los de vigilancia.

En realidad no sabemos quién dio la orden de atacar con drones que mataron a tantas personas inocentes. Pero se conocen los nombres de quienes diseñaron el programa y, más importante aun, el presidente dispone sin suda de todos los nombres que necesita.

Si Obama quiere limpiar la casa antes de la asunción de Trump, ¿por qué no identificar y despedir a las personas que diseñaron los programas de vigilancia de la NSA que violan tan gravemente nuestra privacidad sin haber descubierto un solo terrorista?

  1. Castigar a los responsables de abusos en el marco del programa Domain Management del FBI.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el FBI creó y desarrolló una red de más 15.000 informantes; esta red forma parte del programa Domain Management. Muchos de ellos han sido reclutados para infiltrar las comunidades musulmanas con la finalidad de identificar a posibles terroristas. Durante por lo menos 15 años, el vasto programa de infiltración ha sido utilizado para hacer redadas de musulmanes –al menos aquellos tan tontos como para hacer caso a las artimañas del FBI­– y encarcelarlos.

En este proceso, se montaron muchas “operaciones terroristas”, pero las auténticas desarticuladas fueron pocas. Ya conocemos los detalles de muchos de los abusos cometidos. En 2011, por ejemplo, una investigación de Mother Jones descubrió que 49 procesos a “terroristas” fueron el resultado de operaciones de infiltración montadas por agentes provocadores del FBI. “Está claro que muchas de esas personas nunca habrían cometido un delito de no haber sido animados, presionados y algunas veces pagados por los encargados de hacer cumplir la ley para que se implicaran en acciones terroristas”, escribió en 2014 Andrea Prasow, de Human Rights Watch, en un informe sobre el programa.

Algunos denunciantes han dado un paso al frente para mostrar las tácticas abusivas empleadas por el FBI en esos casos. Tomemos a Craig Monteilh, un ex convicto contratado por el FBI para infiltrase en las mezquitas del sur de California. Pero después tuvo un cambio de parecer y ayudó a algunos musulmanes del lugar para que demandaran a la agencia. Finalmente, el caso fue descartado de mala gana por el juez de distrito Cormac Carney, que escribió que “Desgraciadamente, el privilegio de los secretos de Estado puede significar que se sacrifiquen las libertades individuales en beneficio de la seguridad nacional”. Otros informantes, como Saeed Torres, se han ofrecido para poner al descubierto otros aspectos del programa. El gobierno jamás ha reconocido algo de esto.

Es muy probable que este mismo grupo sea invitado para dar respaldo a las órdenes de Donald Trump en caso de que eventualmente se implementara un registro de los musulmanes. Entonces, ese será el momento para que de alguna manera Obama tome enérgicas medidas acerca de este desafortunado sistema de incitación al delito antes de que la administración Trump pueda ampliarlo.

Perdonar

  1. Perdonar a Edward Snowden, a Chelsea Manning y a los demás denunciantes.

Por último pero no por eso menos importante, ¿por qué no perdonar a Edward Snowden, a Chelsea Manning y a los demás denunciantes que sirvieron al bien común permitiendo que conociéramos lo que el presidente no había permitido? Tal como van las cosas, Barack Obama pasará a la historia como el presidente que ha demandado a más denunciantes de la verdad –muy a menudo en el contexto de la draconiana Ley del Espionaje de los tiempos de la Primera Guerra Mundial–; más que el conjunto de todos los presidentes de Estados Unidos. Stephen Kim, Jeffrey Sterling, John Kiriakou y Thomas Drake eran funcionarios gubernamentales que hablaron con periodistas. Como consecuencia de eso, han ido a prisión o han visto arruinada su vida. Otros, como Chelsea Manning y Barrett Brown han ido a la cárcel por piratería informática o por dar a conocer documentos relacionados con la vigilancia, las guerras de Estados Unidos en el extranjero u otras cuestiones de la seguridad nacional.

Gabe Rottman, de la ACLU, resume así la situación: “Según mis cálculos, la administración Obama tiene en su cuenta 526 meses de prisión para quienes filtraron asuntos de la seguridad nacional contra solo un total de 24 para cualquier otro [que haya filtrado alguna vez] desde la Guerra de la Independencia”.

Para un profesor de derecho, esto es algo terrible. “La potestad del perdón otorgada por la Constitución al presidente es ilimitada excepto en el caso de destitución”, dictaminó el Tribunal Supremo en 1866. “Abarca a todos los delitos reconocidos por la ley y puede ser ejercitada en cualquier momento posterior a su comisión, incluso antes de que se tomen medidas legales o durante su trámite, o después de un juicio y condena. Esta potestad no está sujeta a control legislativo.”

Esto también se opone abiertamente a la historia y a las propias acciones presidenciales. “Richard Nixon ni siquiera fue acusado cuando Gerald Ford expidió un perdón completo, libre y absoluto para él”, observa la campaña ‘Perdonar a Snowden’. “Tampoco lo han sido los miles de hombres que no acudieron al llamado a filas para la guerra de Vietnam y fueron perdonados incondicionalmente por Jimmy Carter en su primer día en el cargo. El mismo presidente Obama perdonó a tres estadounidenses de origen iraní a principios de este año en el marco del acuerdo nuclear con Irán. Al igual que Snowden, ninguno de los tres había sido acusado, pero ninguno fue a juicio una vez perdonado.”

Dado que Obama raramente ha expedido un perdón presidencial, parece improbable que lo haga ahora. “Él ha perdonado a menos personas que cualquier otro presidente desde John Garfield, que fue muerto de un tiro en 1881, después de menos de tres meses en el cargo”, escribe Steven Nelson en U.S. News & World Report. Ciertamente, en su primer año como presidente, Bush perdonó al doble de personas en sus primeros siete años en el cargo, un récord que quizás Obama querría mejorar (para ser juntos, debe señalarse que él ha batido el récord de conmutaciones de pena de prisión).

¿Hará algo Obama en relación con alguna de estas nueve recomendaciones? ¿O sencillamente entregará el formidable y cada vez más secreto estado de la seguridad nacional que él ayudo a construir a un hombre que una vez se declaró “incompetente” no solo para la presidencia sino también para desempeñar un trabajo en una tienda minorista? “Este tipo dice cosas que no se las aceptarían a una persona que busque empleo en 7-Eleven”, dijo Obama en un mitin electoral en octubre.

Ahora le toca mover ficha. Olvídense de 7-Eleven**; Obama no deberá presentarse ni hacer campaña para conseguir su próximo –bien pagado– empleo, cualquiera que sea. Solo está la pequeña cuestión de su legado de verdad y, por supuesto, de la futura seguridad de Estados Unidos.

* El original en ingles de esta nota se publicó el pasado 4 de diciembre. (N. del T.)

** 7-Eleven es una multinacional de tiendas con más 58.000 establecimientos en todo el mundo. (N. del T.)

Pratap Chatterjee , colaborador habitual de TomDispatch, es director ejecutivo de CorpWatch. Es autor Halliburton’s Army: How A Well-Connected Texas Oil Company Revolutionized the Way America Makes War. Su próximo libro, en coautoría con Khalil Bendib, es Verax, a graphic novel about whistleblowers and mass surveillance, que será publicado por Metropolitan Books en 2017.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176217/tomgram%3A_pratap_chatterjee%2C_obama%27s_last_chance/#more

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220547



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