El escándalo Odebrecht remece la tambaleante estructura partidista


marco a gandasegui hijoPanamá

Escribe: Marco A. Gandásegui, hijo. (*) 

Recién destapado el escándalo de las ‘coimas’ pagadas por Odebrecht a funcionarios panameños, el Movimiento Independiente por la Refundación Nacional (MIREN), exigió una explicación prolija y completa por parte del actual gobierno presidido por Juan Carlos Varela. Ha pasado un mes y las autoridades nacionales siguen tapando los hechos. Apenas se inicia una investigación poco transparente, no se han establecido contactos firmes con otros países afectados y las obras que realiza Odebrecht en el país continúan sin el menor cuestionamiento.

La actitud gubernamental y su brazo fiscalizador tiene que ser mucho más agresivo. La marcha organizada por las redes que vigilan los desmanes de los partidos políticos tuvo como lema central el alto a la corrupción. Todo indica que la corrupción – parte integral de las acciones partidistas del país – se ha apoderado de todos los resquicios del gobierno y empresas privadas.

A fines del año pasado, cuando el Departamento de Tesoro de EEUU dio a conocer que un informante de Odebrecht indicó que esa empresa brasileña había pagado coimas por un total de 800 millones de dólares – 59 millones correspondientes a Panamá – , el MIREN señaló que no debía pedírsele a Odebrecht que “acepte su culpabilidad”. El MIREN planteó que los “cómplices en los actos de soborno deben ser procesados penalmente por sus actuaciones”.

También exigió que Odebrecht suspenda sus actividades en Panamá para ser sometido a una investigación y juicio. Esto implica que “el gobierno intervenga al Grupo Odebrecht y asegure que todas las obras que inició y se encuentran en construcción cumplan a cabalidad con los términos pactados”.

El gobierno calcula mal si piensa que el escándalo pasará y podrá seguir como si nada ocurriera. El país está preparado para exigir cuentas hasta las últimas consecuencias. A la vez, el caso Odebrecht tiene tentáculos internacionales. Es muy probable que termine arrasando con el gobierno brasileño, desestabilice otros gobiernos de la región y que EEUU continúe utilizando a Odebrecht como herramienta para crear zozobra. Es oportuno que el presidente Varela saque todos los ‘trapos sucios’  y  destape lo ocurrido en tres gobiernos: los de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual.

Los escándalos de Odebrecht en Panamá no son recientes. Cuando llegó al país, de la mano del entonces presidente Martín Torrijos, un obrero de la construcción fue muerto por sicarios aparentemente al servicio de la constructora brasileña. El obrero Osvaldo Lorenzo fue asesinado por disparo de arma de fuego en un altercado en una construcción que adelantaba Odebrecht en las inmediaciones de la ciudad de Colón. El gobierno y Odebrecht intentaron culpar a dirigentes del SUNTRACS por el asesinato, según La Estrella de Panamá. Posteriormente, fueron detenidos los supuestos responsables del homicidio.

Desde esa primera experiencia de Odebrecht en el país han pasado muchas otras. En total, el grupo constructor brasileño se ha ganado 10 licitaciones por un total de 9 mil millones de dólares en casi 10 años. Desde las dos líneas del Metro, carreteras, hasta la Cinta Costera y otras obras. El gobierno norteamericano dice que su informante denunció que entre 2010 y 2014 los brasileños le hicieron pagos ilegales a funcionarios panameños por un total de 59 millones de dólares.

Esta suma es cuestionable. Un análisis del modus operandi de Odebrecht arrojaría como resultado que cada obra representaría una coima cercana del 10 por ciento de su costo. Es decir, en Panamá se habrían repartido un total de 900 millones de dólares en coimas. A la Procuraduría panameña le corresponde investigar a fondo estas irregularidades. Sin embargo, hay indicios de que se tratará de minimizar estas pesquisas por el impacto político que tendrían.

El escándalo Odebrecht se produjo cuando la Asamblea de Diputados iniciaba un debate sobre las reformas electorales. Precisamente, sobre el financiamiento público de los partidos políticos y sus candidatos a elección popular. Los políticos pretenden recibir de las arcas fiscales un monto superior a los 500 millones de dólares para el torneo electoral de 2019. Sumado a las donaciones privadas (que no tendrían límites) y las contribuciones de dinero ‘sucio’, las elecciones próximas prometen ser las más caras y violentas de la historia.

El MIREN asegura que le ofrecerá una alternativa al pueblo panameño en 2019 para poner fin a la corrupción sin control y, a la vez,  presentará un plan de desarrollo nacional que erradique la inseguridad y genere empleos decentes para todos los panameños.

26 de enero de 2017.

(*) Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

 



Categorías:Actualidad, América Latina y el Caribe, Análisis, Corrupción, Lobbismo

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