la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela


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31/03/2017

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asume las competencias de la Asamblea Nacional.

La noche del 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) asumió competencias de la Asamblea Nacional (Parlamento), ya que este órgano se encontraba en desacato desde agosto de 2016. Sputnik te explica qué está sucediendo en el país bolivariano.

La decisión

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, apoyándose en el estado de excepción, se atribuyó de manera unilateral los poderes legislativos del país, dejando temporalmente sin poder a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, se puede leer en la sentencia 156, emitida por el TSJ el pasado 30 de marzo.

El desacato: ¿Por qué el máximo tribunal de Venezuela asumió las competencias del Parlamento? 

El 6 de diciembre de 2015, tres diputados opositores de la Mesa de la Unidad fueron elegidos para representar al estado de Amazonas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el TSJ suspendió la elección de los candidatos, luego de que fueran reveladas una serie de grabaciones en las que se veía a la entonces gobernadora de Amazonas ofreciendo sumas de dinero a diferentes personas para votar por esos candidatos.

En contra de la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional juramentó a estos candidatos como diputados, lo que permitió a la oposición hacerse con la mayoría absoluta en el Parlamento.

Como respuesta a la decisión de la Asamblea Nacional de juramentar ilegalmente a los candidatos, el Tribunal Supremo falló que el Parlamento estaba en situación de desacato, añadiendo que cualquier decisión tomada por esta institución era nula mientras el fallo se mantuviera.

El 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional, aún en desacato, juramentó una nueva Junta Directiva, con Julio Borges a la cabeza.

El 9 de enero de 2017, el mismo Parlamento anuló la juramentación de los 3 diputados, con el fin de eliminar el fallo de desacato resuelto por el TSJ.

Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró que, dado que la nueva Asamblea Nacional fue elegida bajo desacato, la decisión de anular las juramentaciones de los diputados era nula, por lo que el desacato seguía en pie.

La posible solución

Como destaca el medio Alba Ciudad, la Asamblea Nacional no ha sido disuelta, los diputados continúan trabajando y no ha habido detenciones o arrestos.

No obstante, debido al estatus de desacato de la Asamblea Nacional frente al TSJ, cualquier decisión tomada por el Parlamento es considerada ilegal y no tiene ninguna validez.

Pero la medida del TSJ es temporal y la Asamblea Nacional podrá recuperar su legalidad solo si acepta la medida del TSJ acerca de la exclusión de los parlamentarios acusados de fraude y elige una nueva junta directiva.

La reacción de la oposición

Julio Borges, diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que este órgano “desconoce al Tribunal Supremo de Justicia”, al que acusó de violar la Constitución, y convocó a las Fuerzas Armadas a “defender la Constitución y la libertad” de Venezuela.

Además, reiteró la petición hecha meses atrás de que la Organización de Estados Americanos (OEA) activara la Carta Democrática y se convocaran elecciones regionales.

El presidente de la Asamblea exhortó también al pueblo venezolano a movilizarse el próximo 1 de abril por las calles del país.

La posición del Gobierno de Venezuela

El Gobierno de Venezuela, por su parte, negó que se haya producido un golpe de Estado en el país y denunció que existe una coalición de Gobiernos de derecha en la región, que bajo la tutela de Estados Unidos, ha iniciado una arremetida contra Caracas.

“Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela”, señaló en un comunicado la Cancillería de ese país.

“Denunciamos el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana”, añadió la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

Las primeras reacciones internacionales

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, las primeras reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar.

Mientras que el Gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Venezuela, Perú anunció la retirada definitiva de su embajador en la República Bolivariana.

Asimismo, los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur) mantendrán este 1 de abril una reunión de emergencia en la capital argentina para analizar la situación en Venezuela.

Mientras que siete países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay— “condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional de ese país y a los parlamentarios electos por voto popular en diciembre del 2015”.

Rusia, por su parte, ha hecho un llamado para que las fuerzas externas no agraven el conflicto de posiciones políticas en Venezuela por medio de sus declaraciones.

El punto de vista de la OEA

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, declaró que las medidas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la Asamblea Nacional constituyen un autogolpe de Estado.

Almagro también añadió que la OEA debe convocar de manera urgente a su Consejo Permanente para discutir los últimos acontecimientos en Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

A juicio del secretario general, las dos sentencias del TSJ “de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”.

¿Golpe de Estado?

“Es un despropósito hablar de golpe de Estado en Venezuela”, explicó Hermann Escarrá, constitucionalista venezolano, a la cadena Telesur.

El experto recalcó que en un país donde sigue vigente la Constitución, existe una gobernabilidad democrática y hay participación de todos los sectores de la nación, no se puede hablar de golpe de Estado.

“Un golpe de Estado presupone una acción armada, presupone una situación de facto y una ruptura total y absoluta del orden constitucional”, explicó Escarrá, refiriéndose además a los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, la misma que intenta aplicar la OEA a Venezuela.

Un futuro incierto

Por ahora, mientras los medios y las redes sociales hablan de un “golpe de Estado”, no se ha presentado ninguna alteración del orden público en el país.

Sin embargo, la Asamblea Nacional no parece dispuesta a admitir el fallo de desacato en el que se basa la decisión del TSJ, ni mucho menos la reciente decisión de este órgano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional.

El Gobierno, desde su posición de constitucionalidad, no va a ceder ante la presión de la oposición o de la comunidad internacional.

Así, el futuro político de Venezuela se puede definir con una sola palabra: incierto.

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201703311068013905-sentencia-tsj-venezuela/



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