1992-5 DE ABRIL-2017
COMUNICADO
El golpe de estado del cinco de abril de 1992 no fue cualquier golpe de Estado sino una acción delincuencial de gran magnitud que dió un trágico viraje a la historia peruana.
El denominado autogolpe tuvo tres dimensiones: primero, significó una ruptura del orden constitucional entonces vigente; segundo, tuvo como uno de sus objetivos convertir al Estado Peruano en una maquinaria al servicio de una organización criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; y, tercero, apuntó a implementar el Consenso de Washington, el credo neoliberal, a rajatabla, sin ninguna oposición ni resistencia, haciendo realidad la reprimarización de la economía y la conversión de nuestro país en primario exportador.
El golpe no fue solo una acción de la dupla Fujimori-Montesinos, sino que ellos representaron una coalición de intereses diversos como la cúpula de las Fuerzas Armadas, varios grupos empresariales, nacionales y extranjeros, y los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La razón del golpe no fue sólo imponer el ajuste estructural de la economía en aplicación de la receta neoliberal, que ya se había producido en agosto de 1990, ni tampoco la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, que se encontraban en un momento de defensiva estratégica, sino establecer una nueva relación entre economía y política en el Perú basada en una masiva expropiación de bienes públicos y sociales, por la vía de la cancelación de los derechos laborales y sociales, y el remate de empresas públicas, reconcentrando la propiedad y los ingresos en muy pocas manos sin importar el bienestar de la mayoría de la población ni el desarrollo del país.
La regla de oro pasó a ser que la fuente de la ganancia empresarial no fuera la productividad de los factores económicos sino la relación de los negocios con el poder de turno. Esto configuró un capitalismo de amigos como el arreglo económico-político dominante, que ha trascendido la dictadura de los noventas y regimenta la democracia actual.
Esto no significa que el uso patrimonal del Estado no hubiera existido antes en la historia peruana o que no exista en otros países sino que jamás se lo llevó a los niveles alcanzados durante la dictadura fujimontesinista. Recordemos que fue un procurador del Ministerio de Justicia quien estimó entre 6 a 7 mil millones de dólares el monto del robo al Estado ocurrido durante el régimen de Fujimori y Montesinos.
El golpe del cinco de abril de 1992 influenció en la reconfiguración del Estado y la sociedad y su duración en el tiempo. Si bien hoy ya no vivimos en las condiciones de dictadura de la década pasada, los gobiernos que lo sucedieron, de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ollanta Humala, y el actual de PPK, han mantenido y mantienen la relación perversa entre economía y política que instituyó el golpe, es decir el modelo primario exportador y extractivista que diseñó la dupla Fujimori- Montesinos entre rumas de billetes en la salita del SIN y que continuaron los presidentes recibiendo consejos de los grandes empresarios, de las transnacionales y multinacionales y de los organismos financieros internacionales.
Esto es lo que hace precaria la democracia peruana ya que promueve una gran influencia de unos pocos –los grandes empresarios que lucran con el modelo- e impide la participación democrática de otros muchos descontentos -que se ven obligados a salir a la calle y bloquear carreteras para ser escuchados-. Por esta razón los gobiernos posteriores continuaron con el proceso de “criminalización de la protesta”, aprobando leyes que convierten en delito las movilizaciones populares y persiguen a sus dirigentes. Los ecos del cinco de abril se escuchan en las matanzas de Bagua, de Chala, las muertes de Cajamarca, Espinar y Tambo-Islay y en cada una de las centenas de muertes ocurridas durante el período post golpe del 5 de abril.
Es fundamental, por todo esto, terminar con la influencia económica, política e institucional del golpe del cinco de abril. Este es un requisito para que podamos desarrollar y profundizar la democracia en el Perú, ya no como el orden limitado y precario que nos quisieron vender Toledo, García y Humala, y los demás intercambiables (PPK, Guzmán, Acuña, Lourdes, Kouri, Castañeda, Keiko, Del Castillo) sino como un orden participativo y representativo en el que quepamos en igualdad de condiciones todos los peruanos.
La Disolución del Congreso
Una de las primeros medidas fue la disolución del desprestigiado congreso, so pretexto que el partido de gobierno no tenía mayoría de diputados ni senadores, y que el presidente no podía promulgar las leyes antiterroristas y económicas que el Perú necesitaba, pretendiendo ejecutar su plan de “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Recordemos que esta medida tuvo la aprobación de aproximadamente 82% de la población peruana pese a lo cual y debido a la presión internacional obligó a la convocatoria a elecciones del Congreso Constituyente y la promulgación de una nueva Carta Magna.
La Constitución de 1993
El Congreso Constituyente Democrático fue elegido en un proceso sin transparencia, y manipulado por el gobierno con el objeto de lograr la legitimación del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y revestirse de legalidad; además, fue ratificado en un referéndum de dudoso resultado. Las elecciones se hicieron con evidentes pruebas de fraude. Asimismo, el uso de la fuerza y el apoyo del ejército conllevaron al abuso del poder de Fujimori y a su indefinida forma de gobierno con el artículo 200 de la Constitución, el cual permitía la reelección presidencial inmediata y que luego fue modificada.
La Constitución de 1993 implicó un cambio en las funciones y estructura del Estado como las restricciones para que el Estado pueda ejercer actividad empresarial, en razón del principio de subsidiariedad o el interés público, por lo que el mismo ahora tiene un rol secundario; también, hubo un giro del sistema bicameral al de unicameralidad; otorgó fuerza de ley a los contratos de estabilidad jurídica y tributaria con las consiguientes exoneraciones de impuestos, a los Tratados de Libre Comercio y otras gollerías a favor del capital transnacional y de los grupos de poder nativos.
La SUNAT: blanda con los poderosos y dura con los débiles.
Durante el segundo lustro de los ochenta, fue evidente el deterioro de la capacidad operativa del Estado. La decadencia institucional era obvia en la administración tributaria, que en aquel entonces dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el nombre de Dirección General de Contribuciones. El antecedente inmediato más importante, aunque fracasado, fue el intento de la reforma de administración tributaria a mediados de 1988. El gobierno de García emitió la ley N° 24829 que transformó la Dirección General del Contribuciones en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, concediéndole el 2% de los ingresos para financiar su presupuesto. No obstante, tal cambio no llegó a implementarse ya que se vió inmerso en la hiperinflación combinada con recesión económica.
Al inicio del gobierno de Alberto Fujimori la situación fiscal era desesperada. Los primeros días de agosto de 1990, el gobierno adoptó la política neoliberal aplicando el “shock” económico para corregir las distorsiones de precios y obtener el apoyo de las instituciones financieras internacionales, yendo en contra de sus promesas electorales.
En mayo de 1991, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad – a pedido de la SUNAT- el proyecto para reorganizar la institución, disponiendo una evaluación integral del personal y autorizando la contratación de técnicos en base a concursos abiertos. Asimismo, se estableció al mérito profesional como el factor principal del servicio en la administración tributaria. Luego, el Congreso autorizó remuneraciones competitivas para el personal en base a la aplicación estricta de la norma que le autorizaba autonomía financiera, reteniendo el 2% de la recaudación para su presupuesto. Dicha norma le permitió autonomía administrativa evitando la dependencia en relación al MEF para la autorización de gastos. Al mismo tiempo se concretó la separación física de la SUNAT y su traslado a una moderna sede debidamente equipada.
En 1991, Manuel Estela fue nombrado como superintendente por el mismo Fujimori y en un primer momento no era dependiente del MEF. Es así que la reforma de la administración tributaria empezaba estableciendo una línea de mando sin intermediarios, directamente dependiente de la presidencia de la república. La Sunat dió curso a una serie de acciones de fiscalización para combatir la elusión, la evasión y la defraudación tributaria. Paralelamente se implementó un moderno sistema de registro llamado el Registro Único de Contribuyentes (RUC), anulándose la antigua libreta tributaria. En paralelo – a propuesta de la SUNAT- se redujeron los tributos, simplificándose el régimen tributario que se redujo de una maraña de casi 80 tributos a 5 esenciales.
Después de Manuel Estela, fue nombrado superintendente el abogado Sandro Fuentes, quien era parte del entorno de aquel. Gracias a ello, el equipo proveniente de las canteras del Banco Central de Reserva continuó gerenciando la SUNAT durante una segunda etapa. Sin embargo, se venía agravando la batalla política con el MEF, que en forma progresiva iría imponiendo su decisión. El período 1993 – 1994, cuando Sandro Fuentes aún se mantenía como superintendente, se produjeron grandes pugnas. Esas batallas se libraron entre dos contendientes muy definidos: por un lado se trataba de la misma SUNAT que mantenía aún suficiente vigor profesional y el equipo proveniente de la reforma; y del otro lado se hallaba el MEF, cuyo propósito era subordinar a la institución y hacerla funcional a su proyecto rentista.
A fines de mayo de 1994 Fujimori nombró a Adrián Revilla como superintendente reemplazando a Sandro Fuentes. En este período comienza el estancamiento, primero, y luego el retroceso de las recaudaciones. También se produjeron algunas auditorias sobre determinado tipo de contribuyentes, sobre todo periodistas independientes y empresas o personas vinculadas a la oposición democrática, realizadas sin mayor base técnica, justificada en ciertos casos por supuestas denuncias, cuyo origen no se verificaba. Un ejemplo del hostigamiento tributario contra los medios de comunicación independientes se encuentra en la publicación de un artículo de Francisco Durand en 1999 en la revista Businnes titulado “Ruidos en la SUNAT”. La publicación del mismo propició la prolongada visita de un equipo de auditoría a la revista.
En Febrero de 1997, Jorge Baca Campodónico fue nombrado superintendente de SUNAT en reemplazo de Adrián Revilla. En este período se consolidó en el control de la SUNAT un nuevo grupo de operadores al servicio de la mafia fujimontesinista (al parecer, Fujimori ya se sentía en la confianza de hacer lo que quería, ya que después de todo, la economía iba en auge y el terrorismo decaía lentamente). Ellos contaban con conexiones directas en el SIN incluyendo a un número pequeño pero decisivo de funcionarios claves.
En forma súbita, el 26 de agosto del año 2000 fue nombrado como superintendente Enrique Díaz Ortega, quien se mantuvo en el cargo tan solo por 45 días, lapso durante el cual hubo una muy intensa lucha por el poder institucional. A continuación, sobrevino la crisis final del régimen y Alberto Fujimori anunció que se realizarían nuevas elecciones generales y que no sería nuevamente candidato.
El 2 de Diciembre del 2000 fue nombrado Luis Alberto Arias como nuevo Superintendente, iniciando una transición significativa. Arias –retomando las acciones de Enrique Díaz- desarticuló casi inmediatamente al núcleo de la mafia cambiando la Alta Dirección para facilitar un proceso de recomposición interna. De este modo, su gestión estuvo marcada por un esfuerzo consistente de limpieza institucional, lo cual se esperaba también con todo el aparato estatal después de la renuncia/destitución de Alberto Fujimori.
El Derecho Laboral y la posición de los trabajadores frente a las empresas
El gobierno fujimontesinista trajo el crecimiento económico del Perú pero a costa de la violación y pisoteo de los derechos laborales y a que el Estado dejó a un lado su rol protector ya que se promulgaron leyes y reglamentos que permitieron los ceses colectivos, el despido arbitrario, la flexibilización en la contratación, la desaparición de garantías para ejercer la libertad sindical y se precipitó la caída de la tasa de afiliación sindical, lo que significó también la reducción de la tasa de negociación colectiva.
Las dos más importantes reformas fueron el Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral) y la ley 25593 (Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo). El primero se enfocó en el Derecho Laboral Individual, trajo efectos nefastos como el favorecer la competitividad de las empresas, flexibilizando la contratación y despido de personal de forma arbitraria, tercerizando el vínculo laboral. El segundo limitó al máximo la actividad de los sindicatos. Datos para Lima Metropolitana dan cuenta que la afiliación sindical cayó de 22% en 1990 a menos del 5% en 2015. Así también, se afectó a la negociación colectiva, de 2 mil pliegos presentados en 1990 se cayó a alrededor de 500 en el 2010. Con ello, hubo 2 mil 600 denuncias internacionales por trabajadores despedidos sin respetar su derecho a la sindicalización.
Las esterilizaciones forzadas
Una de las atrocidades cometidas por el fujimontesinismo en su segundo gobierno (1995-2000) fue su política de planificación familiar basada en las esterilizaciones forzadas, como estrategia para controlar la natalidad y disminuir la pobreza, bajo el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Se esterilizaron sin su consentimiento a más de 2 mil mujeres, dejando como saldo muertes, daños a la salud física, mental, sexual y reproductiva. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.
En sede internacional, en 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso. Con este acuerdo, el Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resultaran implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo.
En sede penal nacional, el caso de las esterilizaciones forzadas ha sido archivado en varias oportunidades para luego ser reabierto y revisado. Desde que diversas organizaciones de la sociedad civil presentaran el recurso de queja por el archivamiento parcial del caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al ex presidente Fujimori y sus ex ministros de salud, el mismo sigue estancado sin luces de solución.
20 años después que se llevara a cabo este programa de esterilizaciones, la investigación y sanción de los responsables se ha visto retrasada por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar a partir del archivamiento parcial del caso. Las víctimas y sus familiares aún claman justicia.
Condena a los golpistas del 5 de abril: insuficiente
Después de varios meses de alegatos de la defensa, en el 2007, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso seguido contra Alberto Fujimori y diez ex ministros por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, por la comisión del delito de rebelión.
El fallo del tribunal supremo condenó al ex ministro Juan Briones Dávila a 10 años de pena privativa de libertad y sentenció a Jaime Yoshiyama Tanaka, Carlos Boloña Behr, Víctor Paredes Guerra, Víctor Joy Way, Alfredo Ross Antezana, Jaime Sobero Taira, Absalón Vásquez Villanueva, Oscar de la Puente Raygada y Augusto Antoniolli Vásquez a la pena de 4 años de pena privativa de libertad suspendida. En el caso de los ex ministros Augusto Blacker Miller, Víctor Malca Villnanueva y Fernando Vega Santa Gadea el tribunal decidió reservar el juzgamiento como consecuencia que tenían la condición de no habidos.
En el caso de Alberto Fujimori, también procesado por este delito, el tribunal también reservó el juzgamiento toda vez que este caso no fue presentado en el grupo de solicitudes de extradición ante la Corte Suprema de Chile y por tal razón la justicia peruana no está habilitada para emitir un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad penal.
Debemos señalar que para la Fiscalía Suprema en lo Penal todos los ex ministros tienen la condición de coautores del delito de rebelión, ya que no es cierto que no tuvieran conocimiento del golpe de Estado después que este se materializó, es decir, el domingo 5 de abril de 1992 por la noche, sino que fueron parte del proceso de planificación y preparación del mismo desde varias semanas antes de los sucesos. Para la Fiscalía, el nivel de participación de los ex ministros fue intenso y decisivo y no fueron meros cómplices. Por estos fundamentos solicitó entre 12 y 20 años de pena privativa de libertad.
En cambio, la Sala Penal Especial no compartió la tesis de la Fiscalía ya que, a excepción del ex ministro Juan Briones Dávila, la participación de los otros ex ministros ha sido considerada como la de simples cómplices secundarios, es decir, que su intervención no fue decisiva y fundamental, razón por la cual solo se les impuso 4 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución.
En cuanto a la reparación civil, la sentencia del tribunal ha establecido que los condenados tienen la obligación de pagar 3 millones de soles de manera solidaria al Estado peruano por los daños cometidos. La fiscalía había solicitado como reparación civil la suma de 84 millones de soles a favor del Estado.
Si bien al inicio de la sentencia se señala textualmente que “…el golpe del 5 de abril fue, por así decirlo, la partida de nacimiento de un inconstitucional Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional que se creó bajo el decreto ley 25418, que desconoció la vigencia y facultades del régimen constitucional del país…”, las penas impuestas no son proporcionales a la envergadura del daño perpetrado contra el orden constitucional, el régimen democrático y los derechos fundamentales de las personas, por lo que se las ha considerado extremadamente benignas.
Si bien es cierto que la condena de quienes perpetraron el golpe de Estado de abril de 1992 constituye una decisión judicial sin precedentes en nuestra historia plagada de golpes de Estado, también es cierto que resultaba imperioso que el tribunal sancione este ilícito teniendo en consideración la gravedad del daño cometido.
Esta condena impuesta por la sala penal especial de la Corte suprema debe ser necesariamente contrastada con la resolución judicial emitida por el juez anti corrupción Jorge Barreto, en mayo de 2013, en la cual declaró no haber mérito para abrir instrucción contra los efectivos militares que detuvieron ilegalmente y secuestraron a diversos dirigentes políticos, congresistas y periodistas la noche del 5 de abril de 1992, bajo el increíble argumento de que en ese momento la ciudad de Lima estaba en Estado de emergencia y, por lo tanto, los efectivos militares tenían “la atribución legal” de practicar la detención de esas personas.
De otro lado, si bien por razones estrictamente formales Alberto Fujimori no ha sido juzgado por esta causa, la declaración de responsabilidad penal en los que fueron integrantes del primer gabinete de ministros del llamado “gobierno de emergencia y reconstrucción”, determina también la existencia de responsabilidad penal del mismo Fujimori, más aun si el golpe de Estado –como está plenamente demostrado–, fue pieza fundamental de un proyecto impulsado y liderado por él para someter la democracia y el Estado de derecho en el Perú.
A pesar de las críticas contra la sentencia por parte del vicepresidente Giampietri y de la clara apología que los congresistas fujimoristas realizan a favor del golpe de Estado, nuestro país debe demostrar que el sistema de justicia somete a los tribunales a quienes no solo mostraron un profundo desprecio por la democracia y los derechos de las personas, sino que permitieron que el país sea sometido a intereses subalternos de una organización mafiosa como la que gobernó el Perú durante la década 1990-2000.
El gobierno fujimorista fue un fracaso económico
¿Puede ser el gobierno de Alberto Fujimori el mejor de la historia del Perú –como proclaman algunos de sus fanáticos– cuando ese régimen dejó al país con un 54% de pobreza, 250 mil peruanos despedidos, 23 mil empresas quebradas, 6 mil millones de dólares robados por la corrupción y un régimen económico sumido en la recesión? La respuesta cae por su propio peso.
Como también caen por su propio peso los ‘mea culpa’ del fujimorismo. José Chlimper, ex ministro de ese régimen y miembro de la plancha encabezada por Keiko Fujimori , reconoció que los vaivenes económicos de ese entonces llegaron a su tope en 1997 y que después de esa fecha la economía se vino abajo. Declaró: “Fueron (años) muy malos. Metidos en la re-reelección (de Fujimori), abandonando las reformas de segunda generación, la gestión fue muy mala”.
Según el reconocido economista Félix Jiménez, durante los noventa el país creció solo en cuatro años (1993, 1994, 1995 y 1997); el resto fueron periodos de recesión. Incluso, esos años de crecimiento fueron timoneados por la demanda internacional de productos primarios de los sectores pesquero, agrícola y minero, pero no por políticas económicas propias. En resumidas cuentas, anota lo siguiente:
1) La política macroeconómica del fujimorismo abarató el dólar como medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el tipo de cambio.
2) La política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago de la deuda externa en montos exorbitantes.
3) La política monetaria fue restrictiva y encareció el crédito.
Y 4) las privatizaciones generaron precios monopólicos en la energía eléctrica y la telefonía.
El resultado fue un modelo “antiindustrial” y “reprimarizador” que elevó los costos de producción, prevaleciendo las importaciones y, por ende, restando competitividad al país. De ahí que la balanza comercial durante el “oncenio” fuera negativa, pues las importaciones crecieron en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones aumentaron sólo en 72,3%.
Ante ese panorama, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) remitió un balance negativo luego de los dos gobiernos de Alberto Fujimori y afirmó que el sector industrial se mantuvo en recesión durante esos once años, pues nunca estuvieron en los planes del régimen. En cifras de la SNI 23 mil empresas cerraron o quebraron en el periodo 1990-2000, de las cuales el 95% pertenecían a las pymes.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reportó no menos de 120 mil empresas endeudadas durante esa década, sin contar las que ya habían cerrado por endeudamiento. Esto trajo como resultado un descenso de 33% en el empleo industrial.
En el sector construcción el auge fue efímero ya que entre 1992 y 1994 el PBI constructor varió de 2,3% a 36,1%, respectivamente. Luego en 1995 registró un indicador de 17,3% y se derrumbó en caída libre a -2,3% en 1996 y a -10,8% en 1999. Tal desplome ocasionó que solo tuvieran trabajo el 15% de las 300 mil personas que laboraban en el sector, según datos de Capeco y las consultoras Maximixe e Inform@cción.
Igual situación ocurrió en el sector comercio. En cifras del Banco Central de Reserva (BCR) , en 1995 tuvo un crecimiento de 11,1%. Al año siguiente registró un 0,9% y en 1997 se despuntó a 7,8% para después entrar en rojo con -3,1% en 1998 y -1% en 1999.
El agro también fue perjudicado cuando subrepticiamente se les arrebató a los agricultores el Banco Agrario, entidad a la que recurrían los pequeños productores para solicitar el 90% de sus créditos.
El economista Juan José Marthans refiere que la herencia de los 80 tuvo que generar un costo social y económico en los 90, que por lo menos sustentó el frenazo económico de 3 de los 6 años de recesión durante el régimen de Alberto Fujimori, contando la crisis asiática, rusa y brasileña de esos tiempos. Las reformas no se concluyeron sino más bien se vieron manchadas por la corrupción, perjudicando la economía y demostrando que el fujimorismo fue un mal gestor de la administración pública.
Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector de la PUCP, alertó en 1998 que el modelo neoliberal de los 90, enfrascado en el autoritarismo, no era sostenible en el tiempo, pues ahondaba la desigualdad y el desempleo. Y ello debido a que era necesario una reforma del Estado pero la “dictablanda o democradura” de la dupla Fujimori-Montesinos “no iba a reformarse a sí mismo porque así funcionaba y gobernaba el país”. Ahora “el que quiera hacer políticas distributivas se va a tener que enfrentar con un Estado corrupto”, afirmó.
El economista Armando Mendoza dijo que aunque la política fujimorista era de libre mercado fue la gestión más interventora en la economía, pero de manera corrupta, pues no había independencia de poderes.
El Desempleo creció en los noventa
¿Cuál fue el costo social de los años 1990-2000? La SNI reportó una pérdida de 20 mil empleos anuales, llegando a la cifra de alrededor de 250 mil despedidos durante ese régimen.
Esto explica que el desempleo haya subido del promedio de 5,5% entre 1986 y 1988 a 8,6% entre 1992 y 1997, según el economista Félix Jiménez . Asimismo, el empleo informal pasó de 52% en 1990 a 56,9% en 1997, producto del recorte de beneficios sociales a través de la llamada “flexibilización laboral” .
De esta manera, los empleados permanentes se redujeron de un 80% en 1991 a 39% en 1997, con la consiguiente reducción de las personas con derecho a seguro de salud: de 37,7% en 1994 bajó a 23,5% en 1997.
El laboralista Javier Mujica recordó que en los 90 campearon los despidos individuales y colectivos, el uso intensivo de contratos temporales, los “services” y otras formas de contratación que escamotearon el acceso a la seguridad social y la jubilación. A esto se suma un número decreciente de sindicatos.
Este contexto permitió que solo las empresas se enriquezcan, pero no los trabajadores. Según el laboralista, Jorge Bernedo, en los años 70 las utilidades de las empresas eran la tercera parte de la renta nacional correspondiente a los salarios, pero en la década de los 90 se invirtió esa relación y las utilidades pasaron a ser el triple de los salarios.
La Pobreza se estancó
Farid Matuk, ex jefe del INEI, sostuvo que el fujimorismo dejó la pobreza tal como la encontró después de la primera gestión aprista. Se evidenciaron tres periodos durante el “oncenio”: entre 1990 y 1994 la pobreza se estancó en 54%, luego de 1994 a 1998 descendió a 42% (1995), y en el último periodo de 1998 a 2000 subió a 52% para después dejar al país en 54%.
Según el Instituto Cuánto, entre 1997 y 1999 el PBI per cápita cayó en -2,5% a la par que el gasto real de las familias se vino abajo en -8,4% desde 1997, con un menor gasto en alimentos de -16,4%.Asimismo, la desigualdad se acrecentó: mientras que el 20% de los más pobres redujo su gasto familiar en -17,6%, por otro lado el 20% más pudiente aumentó su gasto en 3,3%.
Matuk resaltó que el retorno al nivel de pobreza de los años ochenta se debió a la ineficiente gestión plagada de corrupción en un contexto que coincidía con una crisis internacional. Indicó que estas cifras son las definitivas, luego de que en esos años se falsearan los índices de reducción de la pobreza.
El costo de la corrupción
El economista Humberto Campodónico dijo que las reformas liberales de los 90 se financiaron con dinero del Banco Mundial y el BID por un total de US$ 6.808 millones.
Además, sabemos por cifras ministeriales de aquella época que el ingreso producto de las privatizaciones de 1990 al 2000 ascendió a US$ 9,991 millones, de los cuales sólo quedaron US$ 543 millones.
Si a ello se suman los millones enviados por la cooperación japonesa y otros montos más del BM y el BID para los programas sociales, el fujimorismo se consagró como el régimen con mayor asignación de recursos adicionales a los presupuestados.
En este contexto se configuró unos de los robos más grandes al Estado peruano (se estima que el costo total por la corrupción asciende de US$ 6 a US$ 7 mil millones) y un sistema de asistencialismo que cumplía funciones específicas.
“De un lado, contentaba a las elites que querían las privatizaciones y la reforma económica y, de otro, llegaba a las amplias masas de zonas pobres, con énfasis en el sector rural, con regalos que permitían reemplazar el inexistente ‘libre mercado’”, precisó Campodónico.
Lo anecdótico es que tal escenario se puede repetir. El ex ministro fujimorista José Chlimper ya lo reconoció: el 90% del plan de Keiko Fujimori se sostiene en la continuidad del modelo económico, pero con un mayor gasto destinado al asistencialismo.
Conclusiones
1. El autogolpe del 5 de abril de 1992 constituye una de las lecciones más importantes que los revolucionarios debemos estudiar, analizar y sistematizar, sobre todo en sus causas y raíces, pero también en sus repercusiones que a 25 años aún siguen marcando el devenir político del país.
2. Hay que prestar fundamental atención a la necesidad histórica de realizar una amplio, profundo, masivo y multifacético esclarecimiento, esencialmente en los sectores más empobrecidos de la sociedad (niveles socioeconómicos C, D y E), en los que se mantienen bolsones de respaldo al fujimontesinismo y el clientelismo.
3. No sólo los comunistas, los marxista leninistas, los socialistas, debemos acometer esa tarea sino el conjunto de la izquierda y el progresismo, incluyendo a los descentralistas, los ecologistas, los defensores de género, y todos los que nos oponemos al neoliberalismo y luchamos por un nuevo modelo de desarrollo.
4. Es imprescindible, paralelamente, construir sin pérdida de tiempo una alternativa democrático-popular, lo más amplia posible, con miras a acometer con éxito las elecciones municipales-regionales del 2018 e igualmente las elecciones presidenciales-parlamentarias del 2021.
¡Desenmascarar al fujimontesinismo en el seno de las masas populares!
¡Solo una gran unidad hará posible un gran cambio en la región y
el pais!
¡Unámonos por una nueva república!
Arequipa, 03 de abril del 2017.
Comité regional “Horacio Zevallos Gámez”
PCP- Patria Roja
Categorías:Actualidad, América Latina y el Caribe, Análisis, Autogolpe
PUNTO DE VISTA Y PROPUESTA 
Debe estar conectado para enviar un comentario.