Piden al Poder Ejecutivo observar cambios en la Ley de Partidos Políticos
No a la contrarreforma. JNE, ONPE y Reniec advierten que modificaciones a la ley tendrían aspectos inconstitucionales. Exhortan a que se debata la democracia interna y el financiamiento.
Los titulares del JNE, Francisco Távara; la ONPE, Mariano Cucho, y el Reniec, Jorge Yrribarren, hicieron un pronunciamiento en conjunto. Otras organizaciones los apoyaron. Foto: Luis Centurión.
Escribe: Isabel Carreño y Rocío Maldonado
De manera enérgica pero con el tiempo en contra, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) enviaron el lunes una carta al presidente Ollanta Humala en la que solicitan que se observe la autógrafa que modifica la Ley de Partidos Políticos, aprobada por el Congreso, por tener aspectos inconstitucionales, informaron los titulares de los tres entes electorales.
En estas modificaciones se dispone que las firmas para inscribir a un partido político deben ser equivalentes al 4% de la cifra de electores a escala nacional, y ya no al 3%.
«Esa barrera podría tener visos de inconstitucionalidad, por limitar el derecho de participación política de quienes quieran fundar un partido», alertó el titular del JNE, Francisco Távara, en un pronunciamiento conjunto.
En cuanto a la democracia interna, se incrementó de 20% a 25% el número de participantes independientes para las elecciones, es decir, se les otorga mayor poder a las cúpulas partidarias.
Esto fue calificado como un «retroceso», ya que «no fortalece a la democracia interna de los partidos». Otro punto álgido es la disposición que solo prohíbe participar como fundador de una agrupación política a los sentenciados por terrorismo y narcotráfico, y no a otros dirigentes partidarios.
Más problemas
Távara manifestó su preocupación por el predictamen presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, puesto que tiene problemas en cuanto al control del financiamiento.
Por ejemplo, se propone incrementar los topes de aportes privados que pasan de 60 UIT, en la actualidad, a 300 UIT. Esto se contrapone a las sanciones, ya que el máximo castigo que recibirían las organizaciones al cometer una falta grave sería una multa de 20 UIT.
Otro de los puntos pendientes y que corre contra el tiempo, según señaló el jefe de la ONPE, Mariano Cucho, es el fortalecimiento de la democracia interna. En la propuesta se plantea que sea el sistema electoral el que supervise y participe de manera obligatoria en las elecciones internas de las organizaciones políticas, lo que a juicio de Cucho cambiaría el paradigma y fortalecería a las agrupaciones.
«Exhortamos al Congreso a debatir esto con seriedad y que tengan en cuenta los intereses del país y no los intereses partidarios», añadió Távara.
El pasado 28 de setiembre, el presidente del JNE envió una misiva al titular del Congreso, Luis Iberico, con el objetivo de lograr una reunión. Dijeron estar a la espera de una respuesta.
También apoyaron este pronunciamiento el defensor del Pueblo, Eduardo Vega; Pablo Zúñiga, de la OEA; Percy Medina, de Idea Internacional, y Gerardo Távara, de Transparencia.
Parlamento cita a jefes de entes electorales y secretarios de partido
Tras un extenso debate sobre el proyecto que modifica la Ley de Partidos para regular el financiamiento público y privado, la Comisión de Constitución acordó invitar a los titulares de la ONPE, el JNE y el Reniec, así como a los secretarios generales de los partidos políticos con representación en el Congreso.
Previamente se abordó la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, quien había planteado una sesión extraordinaria para este mediodía a fin de someter a votación un texto reformulado que recoja las observaciones al proyecto en cuestión.
Los principales cuestionamientos se centraron en los aportes en dinero o especies de agencias de gobierno y partidos políticos extranjeros destinados exclusivamente a la formación, capacitación e investigación con un tope de 200 UIT.
Javier Bedoya (PPC) sostuvo que era incongruente que por un lado se considerara como fuente de financiamiento prohibido a cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de este y, por otro, se permitiera los aportes de agencias de gobierno y partidos extranjeros.
Al respecto, Otárola señaló que la fundación Konrad-Adenauer ha financiado a partidos peruanos y que la propia ONPE admite este tipo de aportes.
También se criticó que la iniciativa establezca que la verificación y control externo de la actividad económica financiera de los partidos corresponde «exclusivamente» a la ONPE.
Bedoya y Javier Velásquez (CP) señalaron que cuando se trate de fondos públicos le corresponde a la Contraloría entrar a tallar por mandato constitucional.
Categorías:América Latina y el Caribe
PUNTO DE VISTA Y PROPUESTA 
Debe estar conectado para enviar un comentario.